Senado avala reforma sobre doble nacionalidad: qué falta
El Senado de México aprobó el martes 29 de septiembre de 2026 una reforma constitucional que exigiría tener únicamente la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La votación fue de 86 votos a favor y 42 en contra. El cambio todavía no está vigente: tras superar ambas cámaras federales, necesita el aval de la mayoría de los congresos estatales y su publicación oficial. El debate importa a posibles candidatos con dos nacionalidades y a los mexicanos en el extranjero que quieren participar en la política nacional.
Qué aprobó el Senado sobre la doble nacionalidad
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para añadir una condición de elegibilidad a los principales cargos del Poder Ejecutivo. Si una persona tiene otra nacionalidad además de la mexicana y pretende competir por uno de esos puestos, tendría que renunciar a la nacionalidad extranjera antes de registrar su candidatura.
La regla propuesta se refiere a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno capitalina. No constituye una prohibición general de tener doble nacionalidad en México. Tampoco elimina por sí misma la nacionalidad mexicana de nadie ni se extiende automáticamente a todos los cargos de elección popular.
El Senado aprobó el texto en lo general y en lo particular sin introducir la alternativa planteada por algunos opositores: permitir la renuncia a la segunda nacionalidad después de ganar una elección y antes de asumir el cargo. La minuta se envió a los congresos locales para continuar el procedimiento de reforma constitucional.
Por qué la reforma aún no es ley vigente
La aprobación senatorial cierra la votación en el Congreso de la Unión, pero una enmienda constitucional requiere además el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados. En términos prácticos, deben aprobarla al menos 17 de los 32 congresos locales. Después corresponde hacer la declaratoria y publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
El proyecto prevé que la nueva exigencia se aplique a partir de 2028. Por ello, aun si concluye pronto el trámite en los estados, no cambiaría los requisitos para las gubernaturas que se disputarán en 2027. Conviene distinguir tres fechas: la votación federal del 29 de septiembre, la eventual entrada en vigor del decreto y el momento desde el cual se aplicarían los requisitos de candidatura.
La ruta estatal permite observar si existe apoyo suficiente fuera del Congreso federal y si alguna legislatura plantea objeciones políticas. Los congresos locales no reescriben libremente el texto ya aprobado por las cámaras; su decisión central será avalarlo o rechazarlo. Hasta que el proceso concluya, nadie debería presentar esta reforma como una restricción ya exigible en el registro electoral.
El argumento de soberanía y las críticas por derechos políticos
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la iniciativa bajo la idea de que quien encabece el Ejecutivo debe tener una sola lealtad institucional. Morena y sus aliados sostienen que una segunda nacionalidad puede generar conflictos de interés o vulnerabilidades frente a presiones extranjeras en las decisiones de gobierno. Esa es la justificación política del cambio, no una prueba de que las personas con doble nacionalidad actúen contra México.
Los partidos de oposición cuestionan que el requisito limite de forma desproporcionada los derechos de mexicanos que viven fuera del país, nacieron en el extranjero o adquirieron otra nacionalidad. También advierten que renunciar a una ciudadanía no siempre depende únicamente de la voluntad del candidato: los procedimientos y efectos varían según las leyes del otro país.
La diferencia entre nacionalidad y lealtad ocupa el centro del debate. Una nacionalidad adicional es una condición jurídica; no demuestra por sí sola a quién favorece una decisión pública. En sentido contrario, los promotores del dictamen consideran que los máximos puestos ejecutivos justifican un requisito más estricto que el aplicable a la ciudadanía en general.
Qué pasaría con quien ya tiene dos nacionalidades
La reforma no obligaría a todos los mexicanos con doble nacionalidad a elegir entre sus dos vínculos. La decisión sería relevante para quien busque registrarse como candidato a uno de los cargos señalados, y sólo cuando la regla resulte aplicable. La persona tendría que acreditar la renuncia a la otra nacionalidad conforme a los requisitos electorales y a los trámites del país correspondiente.
Eso abre preguntas prácticas que deberán resolverse con claridad antes de futuras candidaturas: qué documento demostraría la renuncia, qué ocurre si el otro Estado tarda en procesarla y cómo se tratarían los casos en que esa nacionalidad no puede abandonarse por voluntad unilateral. La aprobación del principio constitucional no sustituye esas definiciones operativas.
Qué sigue para la reforma y las elecciones de 2027
El siguiente indicador concreto será el número de congresos estatales que aprueben la minuta. Una vez alcanzada la mayoría requerida, el Congreso federal podrá emitir la declaratoria de constitucionalidad. Sólo entonces procederá la publicación del decreto, cuyo régimen transitorio determinará la aplicación efectiva del nuevo requisito.
El calendario evita que la discusión altere de inmediato la contienda de 2027, pero puede influir en la planeación de aspirantes y partidos hacia ciclos posteriores. La disputa se suma a un periodo de definiciones electorales: Morena ya comenzó a ordenar sus coordinaciones estatales rumbo a 2027, aunque esa selección partidista es un proceso distinto a los requisitos constitucionales de elegibilidad.
Para entender el alcance real de la noticia hay que seguir el texto aprobado y el avance en los estados, no sólo las declaraciones políticas. Hoy el hecho confirmado es la aprobación por el Senado con 86 votos frente a 42. La reforma de doble nacionalidad todavía debe superar la fase local y su aplicación está prevista para 2028. Esa distinción será decisiva tanto para posibles candidatos como para los electores que buscan saber quién podrá competir.