Reforma de nacionalidad única: qué cambia y qué falta
La reforma de nacionalidad única avanzó esta semana en el Congreso mexicano: la Cámara de Diputados la aprobó y las comisiones del Senado avalaron la minuta sin cambios. La propuesta obligaría a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a tener únicamente nacionalidad mexicana, o a renunciar a cualquier otra antes de registrar su candidatura.
El cambio todavía no está vigente. El siguiente paso será la discusión en el pleno del Senado, prevista para el 29 de septiembre de 2026. Al tratarse de una reforma constitucional, también requerirá el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, una declaratoria del Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Qué propone la reforma de nacionalidad única
La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Esos artículos establecen los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
El dictamen incorpora la obligación de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana durante el ejercicio de esos cargos. Una persona con doble nacionalidad podría competir únicamente si renuncia a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro ante la autoridad electoral.
La restricción también alcanzaría el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos en otro país y la solicitud de protección diplomática extranjera mientras se ejerce la titularidad de alguno de los poderes ejecutivos incluidos.
La reforma no plantea eliminar la doble nacionalidad para la población en general. México reconoce desde 1998 que sus nacionales pueden conservar la nacionalidad mexicana aunque adquieran otra. El nuevo requisito estaría limitado a tres tipos de cargos ejecutivos de elección popular.
Cómo fue la votación en la Cámara de Diputados
El pleno de la Cámara de Diputados discutió el proyecto durante más de 11 horas. En lo particular, el dictamen fue aprobado con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. La mayoría legislativa respaldó el argumento de que quienes encabezan los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
La oposición cuestionó que la medida pueda restringir derechos políticos y afectar a millones de mexicanos que nacieron en el extranjero o adquirieron otra nacionalidad por razones familiares, laborales o migratorias. También planteó dudas sobre la proporcionalidad del requisito y sobre el procedimiento para renunciar a una nacionalidad extranjera.
Después de la votación, la minuta fue enviada al Senado. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen sin modificar el texto recibido, por lo que la discusión pasa ahora al pleno de la Cámara alta.
Por qué la votación del Senado será decisiva
Una reforma constitucional necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes. En el Senado, el margen de la coalición oficialista es estrecho y cualquier ausencia o voto en contra puede modificar el resultado.
El debate no solo divide al oficialismo y la oposición. Algunos legisladores aliados han expresado inquietudes sobre el alcance de la renuncia, los derechos adquiridos y el impacto que el requisito puede tener en personas con vínculos familiares o jurídicos en Estados Unidos y otros países.
La aprobación en comisiones no equivale a la aprobación definitiva. El pleno puede respaldar la minuta, rechazarla o modificarla. Si el Senado introduce cambios, el proyecto tendría que regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.
La fecha prevista para el pleno
La discusión senatorial está programada para el martes 29 de septiembre. Hasta que concluya esa sesión no podrá saberse si el proyecto reúne la mayoría calificada necesaria.
Si el Senado lo aprueba sin cambios, la reforma será enviada a los congresos de los estados. Para continuar el proceso se necesita el voto favorable de al menos 17 legislaturas locales, es decir, la mayoría de las 32 entidades federativas.
Cuándo comenzaría a aplicarse
El régimen transitorio establece que el nuevo requisito entraría en vigor para los procesos electorales que comiencen a partir de 2028. Por esa razón, no se aplicaría a las elecciones estatales de 2027 ni afectaría a quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.
El Congreso tendría además 90 días naturales, contados desde la entrada en vigor del decreto, para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. Esas normas secundarias tendrían que precisar cómo se acredita la renuncia a otra nacionalidad, qué documentos serían válidos y qué autoridad verificaría el cumplimiento.
La reglamentación será importante porque cada país tiene procedimientos diferentes. En algunos casos la renuncia puede requerir trámites consulares, pagos, plazos prolongados o condiciones que no dependen únicamente de la voluntad de la persona interesada.
Los argumentos a favor y en contra
Quienes respaldan la reforma sostienen que la Presidencia y los gobiernos estatales concentran decisiones sobre seguridad, política exterior, fuerzas armadas, presupuesto y relación con otros países. Desde esa perspectiva, una sola nacionalidad evitaría posibles conflictos de lealtad o de protección diplomática.
Sus críticos advierten que la nacionalidad adicional no demuestra por sí misma una lealtad dividida. Señalan que la medida puede excluir a integrantes de la diáspora mexicana y a personas nacidas fuera del país que han desarrollado su vida pública en México.
Otro punto de discusión es la diferencia entre nacionalidad, ciudadanía y derechos políticos. Una persona puede ser mexicana por nacimiento y conservar otra nacionalidad sin ejercer derechos políticos en el segundo país. El debate legislativo deberá aclarar si la renuncia total es una respuesta necesaria o si bastarían mecanismos menos restrictivos.
Qué falta para que la reforma sea ley
El proceso aún tiene cuatro etapas principales: la votación del pleno del Senado, la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, la declaratoria constitucional y la publicación del decreto. Después comenzaría el plazo para modificar las leyes secundarias.
Por ahora, ninguna persona ha perdido derechos ni debe iniciar trámites de renuncia. La reforma de nacionalidad única sigue siendo un proyecto constitucional en proceso y su contenido puede cambiar si el Senado modifica la minuta.
La sesión del 29 de septiembre será el momento decisivo. Además del resultado de la votación, será necesario observar si el Congreso define salvaguardas claras, procedimientos viables y criterios que permitan conciliar la soberanía nacional con los derechos políticos de una sociedad marcada por la migración y los vínculos binacionales.