Nuevo Poder Judicial cumple un año: avances y pendientes
El nuevo Poder Judicial de México cumple este 1 de septiembre de 2026 su primer año completo de funcionamiento con una Suprema Corte elegida por voto popular, nueve ministras y ministros en lugar de once, un órgano separado para administrar recursos y un tribunal especializado en disciplina. La transformación modificó quién dirige la justicia federal y cómo se vigila a las personas juzgadoras, pero todavía enfrenta rezago, disputas administrativas y el desafío central de demostrar que el cambio mejora el acceso de la ciudadanía a sentencias oportunas e independientes.
El aniversario permite hacer un primer balance sin confundir la nueva estructura con una evaluación definitiva. Un año alcanza para observar decisiones, prioridades y problemas de arranque, pero no para medir por completo el efecto de una reforma que renovará el resto de los cargos judiciales por etapas y que requiere ajustes legales, presupuestales y operativos.
Qué cambió con el nuevo Poder Judicial de México
La reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 sustituyó el modelo de designación de jueces, magistrados y ministros por elecciones populares. La primera votación judicial federal se celebró en 2025 y las personas electas asumieron sus cargos el 1 de septiembre de ese año.
La Suprema Corte comenzó entonces una nueva etapa con nueve integrantes, dos menos que en la conformación anterior. También dejó de operar mediante dos salas especializadas, por lo que el Pleno concentra ahora la discusión de los asuntos que llegan al máximo tribunal.
El antiguo Consejo de la Judicatura Federal fue reemplazado por dos instituciones con tareas separadas:
- El Órgano de Administración Judicial gestiona presupuesto, personal, infraestructura, formación y organización de los juzgados federales.
- El Tribunal de Disciplina Judicial investiga responsabilidades, evalúa desempeño y puede imponer sanciones a integrantes del sistema judicial dentro de sus atribuciones.
La separación buscó evitar que una misma institución administrara recursos y, al mismo tiempo, vigilara la conducta de quienes imparten justicia. En la práctica, obligó a transferir expedientes, contratos, personal y procedimientos mientras los nuevos órganos construían sus reglas internas.
Avances visibles durante el primer año
Una Corte con mayor exposición pública
La elección colocó a las personas juzgadoras bajo un nivel de observación ciudadana que antes se concentraba principalmente en el Senado, las asociaciones jurídicas y los litigantes. Las sesiones públicas, los proyectos de resolución y las posiciones individuales de las ministras y ministros son ahora parte de una conversación política más amplia.
La nueva Corte también ha buscado proyectar cercanía con comunidades históricamente alejadas del sistema judicial, incluida la población indígena. Su presidencia ha defendido una justicia pluricultural y el uso de criterios que consideren desigualdades materiales, no solamente formalidades procesales.
Austeridad y reorganización
La Suprema Corte informó desde sus primeros meses que la política de austeridad permitiría ahorros presupuestales durante 2026. La reducción de remuneraciones, prestaciones y estructuras administrativas fue presentada como una forma de destinar menos recursos a privilegios internos.
El ahorro, sin embargo, no puede evaluarse de manera aislada. Una justicia menos costosa solo representa una mejora si conserva personal suficiente, sistemas digitales funcionales, defensoría efectiva y capacidad para resolver expedientes. El reto es evitar que los recortes trasladen el costo a las personas mediante demoras o servicios más limitados.
Resoluciones con impacto cotidiano
Durante el año, la Corte abordó controversias constitucionales, amparos y acciones relacionadas con derechos, impuestos, seguridad y competencias de autoridades locales. Algunas decisiones dieron continuidad a precedentes anteriores y otras comenzaron a mostrar el criterio de la nueva integración.
Entre los asuntos que siguen de cerca organizaciones civiles se encuentran los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva, la prisión preventiva y la discusión jurídica sobre muerte digna en México. Estas resoluciones servirán para medir si el tribunal mantiene una protección amplia de derechos o modifica estándares construidos durante años.
Los pendientes que marcan el aniversario
Rezago y nueva forma de trabajo
La eliminación de las salas dejó al Pleno con una carga mayor y menos espacios especializados para resolver expedientes. Aunque la Corte ha concluido miles de asuntos durante su primer año, especialistas advierten que el número por sí solo no muestra la complejidad de cada caso ni cuánto tarda una persona en obtener una decisión definitiva.
La prioridad para el segundo año será transparentar indicadores comparables: expedientes recibidos, asuntos resueltos, tiempo promedio, cumplimiento de sentencias y evolución del rezago. Sin datos homogéneos, cualquier afirmación de éxito o fracaso queda incompleta.
Coordinación entre los nuevos órganos
El Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina iniciaron con atribuciones amplias, pero también con fronteras institucionales que debían definirse. Durante la transición surgieron desacuerdos sobre presupuesto, nombramientos, procedimientos y atención de quejas.
La disciplina judicial requiere equilibrio. Debe sancionar corrupción, abuso o negligencia comprobada, pero no convertirse en una vía para presionar decisiones jurisdiccionales. Para generar confianza, sus investigaciones necesitan reglas claras, debido proceso, resoluciones públicas y criterios consistentes.
Independencia frente a los poderes políticos
La principal discusión continúa siendo si la elección popular fortalece la legitimidad o aumenta la influencia de partidos y grupos con capacidad de movilización. La baja participación de la primera elección judicial y la complejidad de las boletas dejaron una tarea pendiente de educación cívica y diseño electoral.
La independencia no se mide únicamente por el origen de un nombramiento. También depende de cómo votan las personas juzgadoras en casos que involucran al Gobierno, el Congreso, empresas o actores poderosos; de la estabilidad de sus presupuestos; y de que puedan resolver sin amenazas ni represalias.
El Tribunal Electoral forma parte de este nuevo equilibrio. Sus decisiones sobre partidos y competencia política, como la orden que obligó a Somos México a modificar su denominación, muestran que los criterios judiciales tienen efectos directos sobre la vida democrática.
Qué sigue después del primer aniversario
El segundo año será decisivo por tres razones. Primero, permitirá comparar productividad y tiempos de resolución con un periodo completo, ya sin atribuir todos los problemas al arranque. Segundo, los órganos de administración y disciplina deberán publicar resultados más detallados sobre gasto, quejas, sanciones y desempeño. Tercero, México continuará preparando la renovación gradual de más cargos judiciales.
La ciudadanía puede observar señales concretas: si disminuyen los expedientes pendientes, si las sentencias se cumplen, si existen criterios estables y si las personas sin recursos reciben atención efectiva. También será importante revisar si la digitalización reduce traslados y costos fuera de las grandes ciudades.
Un balance que debe medirse en el acceso a la justicia
El primer año del nuevo Poder Judicial confirma que la reforma no terminó con la elección. Cambiar nombres, estructuras y mecanismos de acceso fue apenas el comienzo de una transformación que debe probarse en juzgados y tribunales.
El indicador más útil no será la cantidad de discursos a favor o en contra, sino la experiencia de quienes necesitan una sentencia: cuánto esperan, cuánto gastan, si entienden el proceso y si reciben una resolución imparcial que realmente se cumple. Durante el segundo año, la transparencia de esos resultados definirá si el nuevo modelo empieza a corregir las fallas históricas de la justicia mexicana o solamente las reorganiza.