Ley de Economía Digital: qué cambiará en los pagos
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar gradualmente el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas en México. El proyecto, que todavía debe continuar su proceso en el Senado, contempla iniciar la transición en gasolineras y casetas de peaje antes de extenderla a otras actividades que determine la Secretaría de Hacienda.
La reforma importa porque el efectivo sigue dominando millones de operaciones cotidianas, especialmente las compras pequeñas. El objetivo oficial es facilitar la inclusión financiera, mejorar la trazabilidad de los pagos y cerrar espacios a irregularidades, pero su aplicación también plantea retos de conectividad, comisiones, acceso bancario, protección de datos y continuidad de los servicios cuando fallen las redes.
Qué propone la Ley de Economía Digital
El proyecto establece un marco para que determinadas actividades acepten medios de pago electrónicos de forma gradual. No significa que todos los billetes y monedas dejarán de utilizarse de un día para otro ni que cada comercio del país estará obligado inmediatamente a rechazar efectivo.
La aplicación dependerá de la reglamentación, los plazos y los sectores que sean clasificados como estratégicos o relevantes. En la primera etapa se prevé concentrar el esfuerzo en las estaciones de servicio y las plazas de cobro carretero, dos actividades con un gran volumen de transacciones y una presencia importante de dinero físico.
Entre los métodos contemplados están las tarjetas bancarias, las transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, los cobros mediante códigos QR y plataformas como CoDi y DiMo. El planteamiento también busca facilitar la apertura de cuentas digitales para personas, pequeños negocios y comercios que todavía operan principalmente con efectivo.
Gasolineras y casetas serían la primera prueba
Las gasolineras y las carreteras de cuota funcionan como un laboratorio de gran escala para el cambio. Reciben pagos durante todo el día, atienden a usuarios con diferentes bancos y operan en zonas donde la calidad de la conexión puede variar considerablemente.
Para que la transición funcione, no bastará con colocar terminales. Será necesario garantizar conectividad estable, sistemas alternos cuando la red se interrumpa, capacitación para el personal, equipos suficientes durante las horas de mayor demanda y reglas claras sobre las comisiones.
En las casetas, una operación lenta puede provocar filas y afectar el tránsito. En las gasolineras, una falla temporal no debería impedir que las personas paguen combustible. Por eso la implementación gradual será determinante: cada etapa deberá medir tiempos de cobro, rechazos, disponibilidad tecnológica y costos para los establecimientos.
Qué cambiaría para consumidores y comercios
Para las personas usuarias, el cambio podría traducirse en más lugares que acepten transferencias, tarjeta o pagos móviles. También aumentaría la posibilidad de conservar comprobantes digitales y revisar los movimientos desde una aplicación bancaria.
Sin embargo, la experiencia no será igual para todos. Hay población sin cuenta bancaria, con teléfonos básicos o con conectividad limitada. También existen personas mayores y comunidades rurales que requieren opciones sencillas y acompañamiento para adoptar nuevas herramientas.
Para los comercios, recibir pagos electrónicos reduce el manejo de efectivo y los riesgos asociados con almacenarlo o trasladarlo. A cambio, implica contratar conexión, mantener dispositivos, capacitar al equipo, conciliar operaciones y atender devoluciones o aclaraciones.
Las comisiones serán uno de los puntos centrales. Una terminal puede representar un costo por transacción, mientras que CoDi utiliza la infraestructura de SPEI para completar transferencias. La competencia entre opciones será útil solo si los negocios conocen claramente sus costos, tiempos de disponibilidad y mecanismos de soporte.
Cómo funcionan SPEI y CoDi
SPEI es la infraestructura operada por el Banco de México que permite enviar y recibir transferencias electrónicas entre cuentas de distintas instituciones financieras. Las operaciones pueden realizarse desde banca por internet o aplicaciones móviles y generan un comprobante que permite verificar el pago.
CoDi también se apoya en SPEI, pero organiza el cobro mediante mensajes que pueden generarse con un código QR o tecnologías de proximidad. El comercio inicia la solicitud, la persona revisa los datos y autoriza la transferencia desde una aplicación compatible.
Estas herramientas ya existen; la ley no las crea desde cero. El cambio consiste en impulsar su aceptación y construir condiciones para que más establecimientos puedan utilizarlas. La adopción dependerá de que el proceso sea rápido, fácil de entender y confiable cuando el volumen de pagos aumente.
El reto de la inclusión financiera
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera muestra que el efectivo continúa siendo el medio más frecuente para muchas compras, aunque su uso ha disminuido. El estudio también mide el conocimiento y utilización de herramientas como CoDi, DiMo, transferencias y aplicaciones móviles.
La brecha no es únicamente tecnológica. Abrir una cuenta, comprender sus costos, recuperar el acceso a una aplicación o resolver un cargo desconocido puede ser difícil para quienes no tienen experiencia con servicios financieros. Obligar a aceptar pagos electrónicos sin fortalecer la atención al usuario podría trasladar el problema de un canal a otro.
La implementación tendrá que considerar a pequeños comercios y negocios familiares que no cuentan con personal especializado. Los requisitos deben ser proporcionales y las soluciones, interoperables. También será necesario evitar que una sola plataforma o proveedor concentre las operaciones.
Trazabilidad, fiscalización y privacidad
Cada pago electrónico deja un registro. Esa característica puede ayudar a identificar operaciones, mejorar controles administrativos y reducir espacios para el robo, la corrupción o el movimiento irregular de recursos.
La mayor trazabilidad no equivale automáticamente a que el SAT reciba facultades ilimitadas para consultar cada compra. Las autoridades seguirán sujetas a las leyes fiscales, financieras y de protección de datos. Aun así, una economía con más operaciones registradas facilita la conciliación contable y puede hacer visibles ingresos que antes circulaban completamente en efectivo.
El equilibrio será clave. Los usuarios deben conocer qué información se recopila, quién puede consultarla, cuánto tiempo se conserva y cómo presentar una reclamación. Los negocios, por su parte, necesitarán prácticas de seguridad para evitar fraudes, robo de credenciales y suplantaciones.
Qué falta antes de que entre en operación
La aprobación en la Cámara de Diputados no concluye el proceso legislativo. El proyecto debe ser revisado por el Senado, que puede aprobarlo, modificarlo o devolverlo. Después vendrían la publicación correspondiente, la reglamentación y los calendarios específicos.
Hasta que esas etapas se completen, no hay una fecha única para que todos los comercios adopten los nuevos métodos. Tampoco debe interpretarse la reforma como una prohibición inmediata y general del efectivo. Los detalles finales dependerán del texto que concluya el Congreso y de las disposiciones de implementación.
Qué conviene hacer desde ahora
Los consumidores no necesitan cambiar de inmediato su forma de pago. Sí pueden revisar si su banco permite transferencias, activar medidas de seguridad, identificar el comprobante electrónico y aprender a confirmar el nombre y monto antes de autorizar una operación.
Los comercios pueden comparar terminales y soluciones QR, calcular comisiones, verificar tiempos de depósito y preparar procedimientos para cuando la conexión falle. También conviene separar las cuentas personales de las del negocio y conservar registros claros para facilitar la conciliación.
La Ley de Economía Digital abre una transición importante, pero su éxito no se medirá solo por el número de pagos electrónicos. También dependerá de que las alternativas sean accesibles, seguras y económicas, y de que nadie quede excluido por no tener conexión, teléfono inteligente o cuenta bancaria.