Islas del río Bravo: México rechaza el reclamo de Texas
México rechazó que el gobierno de Texas pueda determinar unilateralmente la soberanía de nueve islas del río Bravo que las autoridades texanas identificaron como propiedad estatal. La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió el 30 de octubre de 2026 que la frontera con Estados Unidos depende de los tratados internacionales y de su aplicación mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, no de una decisión de un gobierno estatal. El intercambio importa porque Texas pretende facilitar el acceso de sus fuerzas de seguridad a esos terrenos.
El punto central de la controversia es quién puede establecer de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla. El anuncio texano no debe confundirse con un acuerdo bilateral que modifique la frontera, ni permite afirmar que México haya reconocido una transferencia de territorio.
Islas del río Bravo: qué anunció Texas
La Oficina General de Tierras de Texas, conocida como GLO, publicó el 26 de octubre un comunicado en el que su comisionada, Dawn Buckingham, anunció la identificación de nueve islas como terrenos pertenecientes al estado. La superficie conjunta señalada por la dependencia es de aproximadamente 66 acres, equivalentes a unas 26.7 hectáreas.
La oficina sostiene que su determinación despeja dudas de jurisdicción y permite el acceso del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Departamento Militar de Texas. El propósito anunciado comprende vigilancia, inspecciones y tareas de limpieza, dentro de una estrategia de seguridad fronteriza.
La dependencia también explicó que coordina con autoridades estatales y federales la entrega de las coordenadas necesarias para las operaciones. Esa es la posición de Texas sobre el alcance práctico de su anuncio; no sustituye la postura mexicana ni acredita por sí sola una resolución aceptada por los dos países.
La respuesta de México y el papel de la CILA
La Cancillería mexicana recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece los criterios para definir la frontera en el río Bravo. Según su explicación, la línea internacional sigue el centro del cauce normal del río y determina la soberanía de las tierras situadas a ambos lados.
La SRE señaló que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la CILA, aplicar ese instrumento y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Su argumento es que un gobierno estatal carece de facultades para fijar unilateralmente esa delimitación internacional.
La diferencia entre ambas posturas es relevante: Texas presenta una identificación de propiedad estatal que permitiría actuar a sus autoridades, mientras México remite cualquier determinación territorial al mecanismo binacional. El desacuerdo no se resuelve únicamente con que una de las partes publique su interpretación.
Por qué también importa el cauce del río
La posición mexicana incluye una advertencia sobre las obras en la zona. La Cancillería recordó que los compromisos internacionales impiden construir intervenciones que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.
Ese señalamiento explica por qué la discusión no se limita al nombre de una isla o al acceso por tierra. Las actuaciones sobre un río compartido pueden tener implicaciones para su flujo, y México exige que se respeten los procedimientos previstos para evaluar esas intervenciones.
La seguridad: un objetivo anunciado, no un delito probado
Buckingham vinculó la medida con la prevención del contrabando, el tráfico de personas y otras actividades criminales. Sin embargo, el propio comunicado de la GLO reconoce que no se ha confirmado actividad delictiva en las nueve islas adicionales.
Esta precisión impide presentar los terrenos como escondites criminales acreditados. La justificación de Texas se apoya en riesgos que atribuye a este tipo de espacios y en experiencias anteriores, no en una confirmación pública de delitos específicos en las nueve islas del anuncio.
Fronton Island, el antecedente que invoca Texas
La GLO citó el caso de Fronton Island como precedente de su estrategia. En 2023, Buckingham declaró esa isla de 170 acres como terreno estatal. Después, fuerzas de Texas realizaron trabajos de retiro de vegetación mediante la operación Flat Top.
Ese antecedente ayuda a entender el tipo de acceso y actuación que Texas busca facilitar ahora. No significa que la situación jurídica de las nueve islas sea idéntica ni que un procedimiento anterior resuelva automáticamente los desacuerdos actuales con México.
Qué sigue en la controversia fronteriza
La SRE anunció que dará seguimiento a cualquier acción en la zona y mantendrá el diálogo bilateral mediante los mecanismos establecidos. La información revisada no acredita un acuerdo nuevo de ambos gobiernos que zanje la soberanía de las nueve islas tras el anuncio texano.
Los próximos pasos relevantes serán las aclaraciones sobre la delimitación, las actuaciones que lleguen a efectuarse y la intervención del mecanismo binacional. Por ahora, lo confirmado es un reclamo de Texas y una respuesta mexicana que exige respetar los tratados.
Para entender el alcance de la noticia conviene conservar esa distinción: anunciar propiedad estatal no equivale a modificar por sí mismo una frontera internacional. La resolución de fondo requiere atender los criterios y las instituciones que ambos países reconocen para su límite compartido.