Doble nacionalidad: qué cambiaría para candidatos en México
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que exigiría renunciar a una segunda nacionalidad para ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta, presentada el 27 de agosto de 2026, busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y tendrá que superar un proceso legislativo reforzado antes de convertirse en norma.
El proyecto abre un debate que toca derechos políticos, soberanía y la relación de millones de mexicanos con otros países. No elimina la doble nacionalidad para la población en general ni impide votar a quienes la tienen. Su alcance se concentra en tres tipos de cargos ejecutivos y, de aprobarse, obligaría a definir cómo y cuándo una persona acredita la renuncia a su otra ciudadanía.
Doble nacionalidad y candidaturas: qué propone la iniciativa
La propuesta mantiene como base el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ejercer la Presidencia, gobernar un estado o encabezar la Ciudad de México. El cambio consiste en añadir que la persona no tenga otra nacionalidad al asumir el cargo y que, durante su mandato, tampoco pueda adquirirla, solicitarla o invocarla ante una autoridad extranjera.
El argumento del Ejecutivo es que quien ocupa una responsabilidad de ese nivel debe actuar únicamente bajo el interés de México, sobre todo frente a posibles presiones o injerencias externas. La iniciativa parte de que una ciudadanía adicional puede crear obligaciones o vínculos jurídicos con otro Estado, aunque tener dos nacionalidades no demuestre por sí mismo un conflicto de interés.
El texto anunciado no establece una prohibición general para participar en política. Tampoco incluye, por ahora, diputaciones, senadurías, presidencias municipales u otros puestos públicos. Su aplicación se limita a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina, salvo que el Congreso modifique el alcance durante la discusión.
Qué artículos de la Constitución cambiarían
El artículo 82 fija los requisitos para ser presidente de México; el 116 contiene las bases de organización de los estados y los requisitos para sus poderes; y el 122 regula el régimen constitucional de la Ciudad de México. La iniciativa pretende incorporar en esos apartados una condición expresa sobre la nacionalidad exclusiva de quienes encabecen los poderes ejecutivos.
Actualmente, la Constitución ya reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, pero la legislación y su interpretación han generado dudas sobre el momento exacto en que debe cumplirse esa condición y la manera de acreditarla. El Gobierno sostiene que la reforma busca cerrar esa ambigüedad para las candidaturas ejecutivas.
La Ley de Nacionalidad también tendría que ajustarse
La reforma constitucional no resolvería por sí sola todo el procedimiento. La Consejería Jurídica del Ejecutivo adelantó que, si el cambio es aprobado, será necesario modificar la Ley de Nacionalidad para establecer reglas de renuncia y documentación.
Ese punto es relevante porque renunciar a una nacionalidad no depende únicamente de una declaración ante autoridades mexicanas. Cada país tiene requisitos, plazos y consecuencias distintas. Algunos permiten una renuncia relativamente directa; otros exigen comprobar otra ciudadanía, pagar derechos, comparecer personalmente o completar trámites que pueden tardar meses.
El Congreso deberá precisar si bastará con iniciar el procedimiento, si será indispensable presentar una resolución definitiva del otro país y en qué fecha debe acreditarse: al registrarse como aspirante, al obtener una candidatura, antes de la elección o antes de tomar posesión.
Lo que la reforma no cambiaría
La iniciativa no propone retirar la nacionalidad mexicana a quienes poseen otra ni alterar sus derechos civiles ordinarios. Una persona con doble nacionalidad conservaría, en principio, su capacidad para vivir, trabajar, votar y realizar trámites en México conforme a la legislación vigente.
Tampoco se plantea impedir automáticamente que compita por cualquier cargo de elección popular. El cambio anunciado se refiere a tres responsabilidades ejecutivas específicas. Para extenderlo a legisladores, alcaldes u otros funcionarios se requerirían disposiciones adicionales que no forman parte del proyecto difundido.
La distinción importa para evitar una interpretación exagerada. México reconoce la doble nacionalidad desde hace décadas y mantiene fuertes vínculos con comunidades en Estados Unidos y otros países. La iniciativa no revierte ese reconocimiento; propone una excepción para quienes pretendan dirigir el Ejecutivo federal o uno local.
El debate sobre soberanía y derechos políticos
Quienes respaldan la propuesta sostienen que la exclusividad de nacionalidad reduce dudas sobre lealtad institucional, acceso a protección diplomática extranjera y posibles obligaciones con otro gobierno. Consideran que la máxima autoridad ejecutiva debe tener una relación jurídica inequívoca con México.
Las críticas se concentran en si la medida es necesaria y proporcional. Una segunda nacionalidad puede adquirirse al nacer, por ascendencia o por circunstancias familiares, sin que la persona haya elegido mantener vínculos políticos con otro país. Exigir su renuncia podría restringir el derecho a ser votado de mexicanos que cumplen los demás requisitos constitucionales.
También existe una pregunta práctica: la lealtad pública no se garantiza únicamente con un pasaporte. Los conflictos de interés pueden provenir de negocios, patrimonio, relaciones familiares, financiamiento o compromisos privados, incluso cuando un funcionario posee una sola nacionalidad. Por ello, la discusión legislativa deberá valorar si la restricción contribuye efectivamente a la soberanía o si existen mecanismos menos amplios para atender riesgos concretos.
Cómo se aprobaría la reforma constitucional
Como modifica la Constitución, la iniciativa necesita una mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara del Congreso. Después debe obtener la aprobación de la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Solo entonces puede declararse válida, promulgarse y publicarse.
El envío del proyecto no significa que la regla ya esté vigente. Durante el proceso, comisiones y plenos pueden cambiar la redacción, añadir disposiciones transitorias o rechazarla. También tendrán que decidir desde qué elección se aplicaría y qué ocurriría con autoridades en funciones que posean otra nacionalidad.
La cercanía del proceso electoral de 2027 vuelve especialmente importante el régimen transitorio. Una modificación tardía de requisitos puede afectar calendarios de registro y decisiones internas de los partidos. Para brindar certeza, la legislación electoral exige que las reglas esenciales estén definidas con anticipación suficiente y que no se alteren una vez iniciado formalmente el proceso.
A quién podría afectar
El universo potencial incluye a mexicanos por nacimiento que también sean ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, España u otros países y busquen alguno de los cargos previstos. No existe un padrón público único que permita saber cuántos políticos se encuentran en esa situación.
La afectación concreta dependerá de la redacción final. Si la renuncia debe completarse antes del registro, los aspirantes necesitarán anticipar trámites en el extranjero. Si se permite hacerlo después de ganar la elección, surgiría el riesgo de que una autoridad electa no pueda asumir por retrasos o rechazo del otro país.
También deberán protegerse el debido proceso y la privacidad. Las autoridades electorales necesitarán verificar documentos sin convertir el requisito en una herramienta para descalificar candidaturas mediante acusaciones no comprobadas.
Qué sigue en el Congreso
La iniciativa deberá ser turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Ahí se conocerán las posiciones de los grupos parlamentarios, especialistas en derecho constitucional, autoridades electorales y organizaciones vinculadas con comunidades mexicanas en el exterior.
Los puntos centrales serán el alcance exacto de la renuncia, la fecha de cumplimiento, las pruebas aceptables y las reglas para quienes obtuvieron otra nacionalidad automáticamente al nacer. El Congreso también tendrá que armonizar la reforma con tratados internacionales y con la protección constitucional de los derechos políticos.
La propuesta inicia una discusión de fondo, pero todavía no cambia los requisitos actuales. Hasta que complete todas las etapas constitucionales y se publique, ninguna candidatura puede ser rechazada exclusivamente con base en el anuncio. El resultado dependerá tanto de los votos legislativos como de la precisión con que se resuelvan sus consecuencias jurídicas y electorales.