Desapariciones en México: el debate del Gobierno y la ONU
Las desapariciones en México fueron objeto de un intercambio entre el Gobierno federal y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el 20 de octubre de 2026, durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del organismo sobre el artículo 34 de la Convención, mientras su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, defendió el procedimiento como una vía de atención y cooperación internacional.
El encuentro volvió a poner sobre la mesa dos cuestiones distintas: los avances que México afirma haber obtenido en la localización de personas y la evaluación del Comité sobre la persistencia de desapariciones forzadas. Reconocer esfuerzos de búsqueda no elimina esa evaluación, del mismo modo que el procedimiento internacional no equivale a una sentencia penal contra una persona.
Desapariciones en México: qué planteó el Gobierno
Medina sostuvo que la búsqueda es una prioridad nacional y que el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas. Su intervención mantuvo el rechazo a la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34, junto con una defensa del diálogo y la colaboración con otros países y organismos.
El funcionario también reconoció que, aunque atribuye estos delitos principalmente a grupos delictivos, existen casos en los que participan autoridades municipales. Señaló que deben investigarse y sancionarse. Se trata de una declaración del representante del Gobierno; no de una determinación sobre la responsabilidad de una autoridad concreta en un expediente particular.
Como parte de su respuesta, el subsecretario informó de más de 16 mil personas localizadas durante 2026. Esa cifra fue presentada por el Gobierno como resultado de su estrategia de búsqueda. No debe confundirse con el número de sentencias, con una reducción equivalente del total de casos pendientes ni con una comprobación independiente de las circunstancias de cada localización.
Qué sostuvo el Comité contra la Desaparición Forzada
Juan Pablo Albán explicó que el Comité examinó información aportada por el Estado mexicano, víctimas y organizaciones civiles, además de antecedentes reunidos durante su seguimiento al país. A partir de ese análisis, reiteró su valoración de que existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esa práctica.
La formulación importa: es la evaluación del Comité dentro de su mandato internacional. Durante el intercambio también precisó que no había determinado la existencia de una política federal deliberadamente orientada a cometer desapariciones forzadas. Esa precisión no equivale a descartar participación de funcionarios ni a resolver las investigaciones de casos individuales.
Albán reconoció los esfuerzos comunicados por México y los avances reportados en localizaciones. Al mismo tiempo, pidió mantener la cooperación a lo largo del tiempo y continuar el trabajo con el propio Comité. El reconocimiento de acciones y la advertencia sobre problemas estructurales formaron parte de una misma intervención.
Qué permite el artículo 34
El artículo 34 pertenece a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Permite al Comité llevar una situación con carácter urgente a la atención de la Asamblea General, por conducto del secretario general, cuando recibe información que contiene indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática y después de solicitar al Estado la información pertinente.
El documento oficial del procedimiento explica que se trata de un mecanismo distinto de una investigación penal individual. El paso ante la Asamblea busca movilizar atención y posibles formas de cooperación; no debe describirse como si por sí solo impusiera una condena, identificara culpables concretos o anunciara automáticamente una sanción.
La decisión relativa a México es anterior a la sesión del 20 de octubre. El documento del Comité está fechado el 17 de abril de 2026. Por ello, la novedad de esta jornada es la exposición de las posturas y del seguimiento internacional, no una activación que hubiera ocurrido por primera vez ese martes.
Cooperación internacional y revisión del registro
Medina expuso que México trabaja con países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer capacidades relacionadas con búsqueda e identificación humana. También mencionó colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las medidas referidas incluyó un grupo de especialistas para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El anuncio de esa revisión no constituye por sí mismo un resultado ni permite anticipar cambios en la cifra de personas pendientes de localizar.
Por su parte, organizaciones de familiares y de derechos humanos respaldaron el procedimiento. La Federación Internacional por los Derechos Humanos e IDHEAS pidieron que la discusión permita una participación amplia de las víctimas y contribuya a fortalecer la búsqueda, la investigación y la respuesta frente a la impunidad.
Qué sigue después del intercambio en Nueva York
El debate deja pendiente la forma concreta en que la Asamblea General abordará las oportunidades de cooperación y apoyo. No se anunció en las intervenciones revisadas un calendario definitivo que permita presentar como inminente una resolución específica.
Los siguientes avances deberán medirse en decisiones verificables: mecanismos de colaboración, información desglosada sobre las localizaciones y resultados de búsqueda e investigación. Para las familias, el valor práctico del seguimiento internacional dependerá de que esas acciones ayuden a esclarecer el paradero de sus seres queridos y a garantizar verdad, justicia y protección.